Hay dos teorías sobre cómo vender diarios a toda costa. Los periodistas ingleses del sensacionalista Daily Mirror aseguran que no existe ninguna noticia, por importante o llamativa que sea, que merezca repetir en primera plana más de dos días consecutivos; que el lector, a la tercera portada, se aburre y bajan las ventas. En España la escuela es justo la contraria. Los sensacionalistas patrios han demostrado que la mejor fórmula para vender periódicos, si la ética profesional no es un problema, consiste en encontrar un tema bandera y perseverar en él hasta que, por insistencia, la noticia adquiera la importancia necesaria como para que se note en el quiosco, en la convivencia y, si es posible, en el Congreso de los Diputados. ¿Sólo dos portadas? Todo lo contrario: doscientas si hacen falta. “Si no pasa nada, tendremos que hacer algo para remediarlo: inventar la realidad”, decía el ciudadano Kane, William Randolph Hearst. Si resulta que España no se rompe, si la mochila de la conspiración ya no es bórica, si después de presumir de poner y quitar presidentes del Gobierno ya no podemos ni con el líder de la oposición… tendremos que hacer algo para remediarlo. Tú pon el manifiesto que ya te traigo yo a los intelectuales. Vamos a descubrir el Mediterráneo y después nos indignaremos porque el agua está salada.
Inventar la realidad, y en ello están. Aunque parezca increíble escuchando según qué radios, leyendo según qué diarios, el modelo educativo bilingüe con el idioma menos conocido como lengua vehicular no fue un invento de catalanes, gallegos, mallorquines, valencianos o vascos. Décadas antes de que naciesen las ikastolas, la clase alta española ya enviaba a sus hijos a colegios donde el profesor no se dirigía a ellos en castellano sino en italiano, francés, inglés o alemán. Esperanza Aguirre, por ejemplo, estudió en uno de estos centros de élite, el Instituto Británico de Madrid, y gracias a eso hoy puede presumir de hablar un inglés muy superior a la media de nuestros políticos sin que por ello se haya convertido en una analfabeta en su lengua materna. La teoría pedagógica era entonces la misma que ahora: como el entorno en el que crece el niño es castellanoparlante, la mejor manera para que aprenda bien dos idiomas es que use el otro durante las siete horas al día que pasa en la escuela.
Los mismos que consiguieron que media España se hiciese experta en los componentes explosivos de la Goma 2 ECO ahora han descubierto escandalizados, con unos cuantos años de retraso, que en las escuelas públicas catalanas los niños son escolarizados en catalán. Como si fuese una novedad, como si no fuese un modelo educativo que –con sus pros y sus contras– no hubiese arrancado en 1980. Estos planes de estudios llevan en marcha 28 años y hace ya más de una década que todos los alumnos catalanes están escolarizados en catalán. El desarrollo de este modelo llegó a su plenitud precisamente cuando gobernaba el Partido Popular, en unos años en los que Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy eran ministros de Educación, cuando José María Aznar presidía el Gobierno y hablaba catalán en la intimidad.
Cuando nació este modelo educativo, provocó un encendido debate. Se argumentaba que los estudiantes catalanes serían analfabetos en castellano, que se resentiría la convivencia, que se crearían ciudadanos de primera y de segunda, que sufrirían las clases más desfavorecidas. Hoy se sigue diciendo lo mismo con una gran diferencia: que ya no se discute sobre un modelo teórico por probar sino acerca de una realidad donde los resultados no son los que los agoreros pronosticaron hace casi tres décadas. Los estudiantes catalanes llegan a la selectividad con un nivel de castellano similar a los de otras comunidades autónomas con una sola lengua. Nadie que haya pasado por Barcelona más de media hora puede decir sin mentir que exista un sólo alumno catalán que no sepa castellano, esa lengua perseguida que todo el mundo habla, en la que se publican la mayoría de los diarios, que está en casi todos los canales de la radio y la televisión.
Dice el manifiesto por la supremacía del castellano que “son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios”. Y a renglón seguido pide para el castellano una serie de ventajas exclusivas en el territorio español. No es la única contradicción, ni siquiera la más grave. Lo más indignante de este debate recurrente, que como muchos otros rebrota sólo cuando no manda la derecha nacionalista española en La Moncloa, es que las supuestas víctimas de la supuesta opresión lingüística –los catalanes, los vascos, los gallegos– por quien se sienten mayoritariamente agredidos es, precisamente, por aquellos en Madrid que dicen ser sus defensores. En toda Catalunya, hay 23 padres, entre más de un millón de alumnos, que han pedido oficialmente que sus hijos sean escolarizados en castellano. Mientras tanto, en el País Valenciano hay 93.700 alumnos de primaria que estudian en castellano a pesar de que escogieron el catalán.
Pero el modelo educativo catalán o vasco no sólo es defendible porque allí donde se aplica sea respaldado por la gran mayoría de los ciudadanos. Una política no se vuelve acertada sólo porque casi todos estén de acuerdo –aunque sí por ello se legitima democráticamente, que no es poco–. Hay otros argumentos. El fundamental: ¿cuál es la alternativa? ¿Crear colegios para castellanoparlantes y colegios para catalanoparlantes? ¿Una escuela para los niños de fuera y otra para los del pueblo y que queden los domingos para jugar entre ellos un partido de fútbol? No creo que ésta sea la mejor receta para cohesionar una sociedad y ayudar a la integración de los menos favorecidos, los inmigrantes.
Rasgarse las vestiduras porque de nuevo viene el lobo y el castellano se rompe no es sólo una operación para vender periódicos. Como la mayoría de las campañas de la derecha mediática, también tiene su tiro político y, en este caso, la carambola es triple. Por un lado, sirve para mantener prietas las filas de la derecha –no me sorprendería que la próxima manifestación del siglo en la madrileña plaza de Colón tenga el ‘Pujol enano, habla castellano’ como lema-–. Por el otro, sirve como palanca para el juego interno del PP, para impedir el giro moderado de Mariano Rajoy y evitar que se acerque a los nacionalistas. La tercera carambola se llama UPyD, que es quien pone los intelectuales –los primeros abajofirmantes son casi los mismos que ya bendijeron el manifiesto fundacional del partido de Rosa Díez– y quien preocupa de verdad al PP.
El momento en el que se lanza esta campaña tampoco es casual. El manifiesto surge pocos días después de que Rajoy haya ganado el espinoso congreso del PP casi por goleada, cuando intenta cambiar su discurso para bajar del monte, alentado desde los mismos medios que perdieron en el intento de moverle del sillón. El líder del PP tiene un papel complicado, es el Michael Corleone del Padrino III, ese de “justo cuando pensé que ya estaba fuera, me vuelven a arrastrar hacia dentro”.
Mariano Rajoy tiene dos opciones: dejarse arrastrar a una campaña que sabe que de nuevo condenará a su partido a la marginalidad política en aquellos sitios donde el bilingüismo es algo que se conoce de primera mano y no por boca de los tertulianos y los columnlistos; o permitir que sea UPyD quien rentabilice esta guerra en la España monolingüe. La decisión es difícil si sólo se valora la mera eficacia electoral, si no se reflexiona también sobre el daño que estos incendios provocados tienen sobre la convivencia. Con campañas así, con la lengua por bandera con la que atizar al otro, es como de verdad se rompe España.
La noticia salta a los medios –escritos– el 24 de junio, día de San Juan (mi onomástica y la del rey, vaya). Cuenta Público que “Veinte intelectuales firman un manifiesto en defensa del castellano como lengua común en España”. Al parecer, según los veinte, las desmedidas aspiraciones de las “lenguas autonómicas” están acabando con la presencia de la lengua de Castilla en la periferia de España. Contra esta dramática situación, los abajo firmantes proponen que se dejen de usar en exclusiva las otras lenguas españolas en beneficio de la que ellos llaman “común”. Entre los promotores de esta sesuda reflexión está, nada menos, don Fernando Savater, a quien las revistas Foreign Policy y Prospect acaban de declarar uno de los “cien intelectuales más influyentes del mundo”. Vale.
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